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Sentencia del Tribunal Supremo

Sanción muy grave por infracción de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 

Creemos que es de importante mención la sentencia núm. 2502/2016 de 23 de noviembre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación a las infracciones cometidas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, por parte de Banco Santander

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo ordinario interpuesto por Banco Santander, mediante el cual pretendían eludir la sanción que deben soportar por no haber cumplido con las obligaciones relativas a la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación Terrorismo.

El 12 de junio de 2015, se dictó un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se impone a Banco Santander una sanción de 1.000.000 de euros y una amonestación pública, como responsable de una infracción muy grave, prevista y sancionada en el artículo 51.1.f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo –y su publicación en el Boletín Oficial del Estado-, puesta en relación con el artículo 52.1.l) del mismo cuerpo legal, por la comisión de una infracción grave cuando los 5 años anteriores ha sido impuesta una sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción, consistente en la falta de conservación de la documentación justificativa.

El 23 de noviembre de 2016, el Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando el recurso de Banco Santander, ratificando así el contenido del Acuerdo del Consejo de Ministros.

Esta sentencia hace resaltar, y recordar, la importancia del correcto cumplimiento de las diferentes obligaciones impuestas por la normativa antiblanqueo a los sujetos obligados. Así, Banco Santander ha sido sancionado con un 1.000.000 de euros y una amonestación pública por no haber aplicado correctamente las medidas reforzadas de diligencia debida y por no haber conservado conforme a la normativa los documentos justificativos de la identificación y comprobación de la identidad de los clientes.

Desde TARINAS CONSULTING & LEARNING aprovechamos la publicación de dicha sentencia para recordarles cómo se deben cumplir las obligaciones infringidas por BANCO SANTANDER.

 

 Descargar aquí la sentencia

 

Medidas reforzadas de diligencia debida

Las medidas reforzadas de diligencia debida se aplican de forma más estricta a ciertos clientes hechos u operaciones que generen un mayor riesgo para nuestra entidad, tales como los clientes de alto riesgo o las personas con responsabilidad pública, debiendo recabar información y documentación adicional para su identificación.

Para el cumplimiento de esta obligación, el empleado deberá conocer cuáles son aquellas relaciones de negocio y operaciones que reporten alto riesgo para la entidad y recabar información y documentación adicional para su identificación. Por ello, el empleado deberá seguir en todo momento tanto la política de admisión y clasificación del cliente de la entidad, como las medidas y procedimientos a aplicar en caso de clientes de riesgo mayor a los cuales se les deba de aplicar este tipo de medidas.

Algunas de las relaciones de negocio a las que se les deben aplicar las medidas de diligencia reforzada son:

1)           Servicios de banca privada.

2)           Operaciones de envío de dinero cuyo importe, bien singular, bien acumulado por trimestre natural supere los 3.000 euros.

3)            Operaciones de cambio de moneda extranjera que trimestralmente superen los 6.000 euros.

4)            Relaciones de negocios y operaciones con sociedades con acciones al portador, siempre que se determine la estructura de propiedad o de control.

5)            Relaciones de negocio y operaciones con clientes de países, territorios o jurisdicciones de riesgo, o que supongan transferencia de fondos de o hacia tales países, territorios o jurisdicciones, incluyendo en todo caso, aquellos países para los que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) exija la aplicación de medidas de diligencia reforzada.

6)            Transmisión de acciones o participaciones de sociedades preconstituidas. A estos efectos, se entenderá por sociedades preconstituidas aquellas constituidas sin actividad económica real para su posterior transmisión a terceros.

A las anteriores relaciones de negocio, adicionalmente a comprobar las actividades declaradas por los clientes y la identidad del titular real de los mismos, los empleados deberán aplicar, en función del riesgo, una o varias de las siguientes medidas:

a)      Actualizar los datos obtenidos en el proceso de aceptación del cliente.

b)      Obtener documentación o información adicional sobre el propósito e índole de la relación de negocios.

c)       Obtener documentación o información adicional sobre el origen de los fondos.

d)      Obtener documentación o información adicional sobre el origen del patrimonio del cliente.

e)      Obtener documentación o información sobre el propósito de las operaciones.

f)       Obtener autorización directiva para establecer o mantener la relación de negocios o ejecutar la operación.

g)      Realizar un seguimiento reforzado de la relación de negocio, incrementando el número y frecuencia de los controles aplicados y seleccionando patrones de operaciones para examen.

h)      Examinar y documentar la congruencia de la relación de negocios o de las operaciones con la documentación e información disponible sobre el cliente.

i)        Examinar y documentar la lógica económica de las operaciones.

j)        Exigir que los pagos o ingresos se realicen en una cuenta a nombre del cliente, abierta en una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o en países terceros equivalentes.

k)      Limitar la naturaleza o cuantía de las operaciones o los medios de pago empleados.

 

Conservación de documentación

Los sujetos obligados conservarán durante un período mínimo de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010 y su Reglamento.

En particular, los sujetos obligados conservarán para su uso en toda investigación o análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de cualquier otra autoridad legalmente competente:

1.       Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida, durante un periodo mínimo de diez años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación.

2.       Original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de negocio, durante un periodo mínimo de diez años desde la ejecución de la operación o la terminación de la relación de negocios.

 

En todo caso, el sistema de archivo de los sujetos obligados deberá asegurar la adecuada gestión y disponibilidad de la documentación, tanto a efectos de control interno, como de atención en tiempo y forma a los requerimientos de las autoridades.